Deudas de valor, inflación y cuantificación de daños personales: la Suprema Corte brinda una importante pauta de trabajo para operar con fórmulas matemáticas

Cita a la publicación original:

Marino, Tomás, Deudas de valor, inflación y cuantificación de daños personales: la Suprema Corte brinda una importante pauta de trabajo para operar con fórmulas matemáticas, Publicado en La Ley 15/09/2020, 5 y RCyS 2020-XI, 45 – TR LALEY AR/DOC/2693/2020.

Sumario: I. Introducción.— II. Breve reseña del caso. La sentencia de primera instancia.— III. Dificultades para debatir créditos de valor.— IV. Cómo cuantificar daños personales en coyunturas inflacionarias. La directiva de la Suprema Corte de Buenos Aires en el fallo en comentario.— V. Palabras finales.


I. Introducción

El 22 de junio de 2020 la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dictó sentencia en el caso «A., D. A. c. Municipalidad de La Plata y otro s/ daños y perjuicios» en el que analizó un tema de gran importancia para el derecho de daños: la indemnización de los perjuicios patrimoniales derivados de incapacidades sobrevinientes cuantificados por medio de fórmulas que calculan el valor presente de una renta no perpetua.

El fallo no solo brinda directivas para operar adecuadamente con este tipo de herramientas (especificando, como veremos luego, el modo en que debe establecerse la variable vinculada al ingreso de la víctima), sino que aporta también interesantes reflexiones sobre principios, directrices y reglas que nutren a todo el sistema de la responsabilidad civil. Entre ellos, el derecho constitucional a una reparación plena, la categoría de deuda de valor, el modo en que estas últimas deben monetizarse en los procesos y el «realismo económico» como parámetro rector para indagar si una indemnización es suficiente cuando se la compara con la entidad de las lesiones sufridas por la víctima (sobre todo cuando el proceso se desarrolla en contextos inflacionarios).

Principio de congruencia y depreciación monetaria. Dificultades para debatir deudas de valor en el proceso civil y comercial bonaerense

Cita a la publicación original

Marino, Tomás, Principio de congruencia y depreciación monetaria. Dificultades para debatir deudas de valor en el proceso civil y comercial bonaerense, Revista de Derecho Procesal, 2020-1, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2020, pág. 371 y sig.

Tomás Marino[1]

Sumario: 1. Introducción: la inflación como problema jurídico – 2. Inflación y deudas de valor en el proceso civil y comercial – 3. ¿Cómo se adapta el proceso a las crisis monetarias? – 4. Principio de congruencia e inflación – 4.1. Congruencia y deudas de valor. El giro “lo que en más o en menos…” – 4.2. Usos del giro: postergar la cuantificación vs. diferir la determinación de la extensión del crédito. Consecuencias de su omisión – 4.3. Congruencia de valores y congruencia de dinero – 4.4. El problema de la ilusión monetaria y el temor por la indexación: la concepción nominalista del principio de congruencia.- 4.5. Repensar la congruencia: una concepción valorista compatible con el tipo de obligación controvertida – 4.6. Valorismo y actualización de cuantificaciones pasadas – 4.7. Posibles caminos alternativos: condenas en unidades arancelarias y conversión del valor en etapa de ejecución.- 5. Conclusiones.


1. Introducción: la inflación como problema jurídico.

La inflación es el incremento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios durante un período determinado de tiempo. El nivel de inflación de una economía se expresa en una tasa porcentual mensual[2] que se calcula sobre la base de un índice que mide la evolución promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios[3]. El incremento de ese indicador refleja la pérdida del valor real del dinero; o, más llanamente, cuántos menos bienes y servicios podemos comprar con la misma cantidad de unidades monetarias. Las causas de la inflación pueden ser diversas[4], aunque existe relativo consenso en que altos niveles de inflación generan consecuencias perjudiciales para la economía de un país (e.g., redistribución inequitativa de la riqueza, alteración del sistema de precios de bienes y servicios, ineficiencia en la asignación de recursos de la economía real, distorsión en el uso regular del dinero, reducción del horizonte temporal de los contratos, incertidumbre, entre otros)[5].